El nuevo Fondo de Liquidación Bancario europeo, otro mecanismo para pasar pérdidas bancarias a los contribuyentes.

Finalmente el Ecofin (Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea) ha acordado crear el fondo para liquidar bancosa nivel europeo, o sea, para garantizar el dinero de los depositantes, que se llamará Mecanismo Único de Resolución (MUR) (o su acrónimo en inglés SRM, Single Resolution Mechanism).
La banca europea irá añadiendo en este fondo 5.500 millones al año, hasta llegar a 55.000 millones de euros en 2026. Esta es una cifra ridícula, en comparación con las cifras que maneja el sector bancario. El fondo estará compartimentado por países hasta esta fecha, lo que significa que si un banco español quiebra antes del 2026, el dinero que se usará será la parte que los bancos españoles hayan puesto en el fondo. Si este fuera el caso, es obvio que no habría suficiente dinero, ya que la aportación de los bancos españoles será de 8.500 millones en los próximos diez años. El dinero que tienen los españoles en depósitos de hasta 100.000 euros protegidos ascendían a 31 de diciembre de 2012 a 795.000 millones de euros (Fuente: Memoria Fondo de Garantía de Depósitos). Hagan las cuentas. Si un banco de tamaño medio quebrara los 8.500 millones no servirían ni para empezar. Podemos hacernos una idea de cómo las necesidades de liquidez del sistema bancario del Estado Español superan en varios órdenes de magnitud a los 8.500 millones de euros del MUR, con el informe elaborado por la PACD: "La ilegitimidad de los Rescates a la Banca en el Estado español".
Destacamos también que la nueva directiva señala que "los estados miembros deben asegurar que están completamente protegidos los depósitos resultantes de transacciones relativas a bienes inmobiliarios residenciales privados o ligados a eventos de la vida privada como bodas, divorcios, jubilaciones, resolución de contratos, despidos, invalidez o fallecimientos durante los doce meses siguientes a que hayan sido ingresadas en las cuentas de los clientes". Esto extiende la cantidad de depósitos protegidos en el estado español y en el resto también. En resumen, se amplía la protección sin dotar los medios para esa protección.
Además el acuerdo incluye la fórmula bail-in, o rescate interno, ya aplicada por ejercicio de la Troika en el rescate a Chipre. Consiste en que los depositantes con más de 100.000€ sufran parte de las pérdidas en la liquidación. Este modelo de rescate se vendió desde la Comisión Europea como "único por toda una serie de razones", aunque poco después ya reconocieron este formato como modelo para futuras crisis bancarias, a pesar de la clase media ahorradora, y que ahora vemos como queda integrado en el MUR.
En el caso de que no hubiera suficiente dinero el fondo puede acceder al dinero del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), que es dinero de los contribuyentes. Si esto no fuera suficiente se financiará en los mercados de deuda, o sea, podrá endeudarse, con la garantía del estado. El fondo, funciona por tanto de forma similar al banco malo SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). El banco malo asumía activos de la banca a un precio sobrevalorado, asumiendo pérdidas a cargo del estado, reflejadas en más deuda pública. En este caso el fondo de garantía directamente dará el dinero a la banca para que devuelva el dinero a los depositantes también a cargo de la deuda pública. Con esta lectura podemos decir que el nuevo fondo de liquidación MUR nos es más que un banco malo elevado a nivel europeo. Las cantidades con las que se dota el fondo sólo sirven para tapar lo que es un  mecanismo de garantía pública a la banca.
En definitiva la directiva europea reconoce la inviabilidad de la banca privada sin la existencia de una red de seguridad pública (ya sea estatal individual o estatal multilateral) que permita su existencia y que puedan financiarse con los ahorros de la ciudadanía a un coste reducido. Nadie dejaría a tipos de interés ridículamente bajos sus depósitos en entidades privadas sin la protección pública. Ese aval tiene un coste para los bancos muy bajo (0,8% de los depósitos garantizados) por lo que supone una transferencia directa y neta de recursos del ámbito público al ámbito de las entidades financieras privadas. No es un aval "a precios de mercado".
Es interesante hacer incidencia en el argumento que sostiene el bail-in. Con este sistema se pretende justificar que los depositantes son en parte culpables de las malas prácticas del banco donde tienen el dinero, porque no han realizado una tarea de supervisión. La teoría económica neoclásica, que cimienta las decisiones de las instituciones europeas, dice que los bancos existen para que los prestamistas no tengan que estar detrás de sus deudores todo el tiempo. El banco existe como institución especializada en recoger información y acumular experiencia, que le permita juzgar a quién da préstamos, mejor que si lo hiciera una familia u otra entidad. Según esta teoría ésta es la característica principal por la que existe la banca. Esta nueva doctrina bailin nos dice que este no es el caso, que en realidad la banca no sabe lo que hace y que somos nosotros los que la tenemos que vigilar. Entonces nos preguntamos, ¿para qué sirve un banco?
La doctrina bail-in contradice completamente la teoría económica neoclásica, y según esta nueva doctrina
la banca no debería existir y los particulares y empresas deberían prestarse unos a otros y hacer ellos mismos el trabajo de seguimiento de los proyectos de sus deudores para vigilar que el dinero sea devuelto.
Mostramos un esquema (Fuente: Financial Times) de cómo funciona el sistema de resolución que refleja el
carácter de la burocracia laberíntica de la UE, con el único objetivo de crear opacidad para ocultarse de la auditoría de la ciudadanía.
Sergi Cutillas, Javier Soraluce y Carlos Sánchez Mato

Las 3 insolentes medidas de Rajoy para acabar con los desahucios

Luis Ángel Aguilar Montero – ATTAC Castilla-La Mancha

Ya se sabía que fueron mera propaganda, incluso “publicidad engañosa” en palabras del juez Joaquím Bosch de JpD.
Nos referimos a esas 3 medidas que el gobierno de Rajoy ponía en marcha cada vez que había una demanda social en la calle, (como hizo al deshechar la ILP por la dación en pago), cada vez que aumentaba la presión social de los afectados (con casi 1000 desahucios ya parados), o cada vez que salía a la luz un nuevo suicidio (pese a que se han silenciado la gran mayoría).

¿Medidas para reformar la ley hipotecaria del año de Maricastaña? No, claro que no.
¿Medidas para evitar el endeudamiento de las familias y los privilegios de esa banca que siempre gana? Tampoco.
¿Medidas para proteger a las personas desahuciadas? Que va.

De lo que estamos hablando es del “Código de Buenas Prácticas”, un eufemismo para rogar a los bancos que se portaran bien, si ellos querían; del Real Decreto Ley 27/2012, que, en esa neolengua política tan utilizada por nuestros gobernantes, denominaron “Medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios” que prácticamente no protegía casi a nadie; y de la última Ley 1/2013 de “Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social” llamada popularmente “Ley Antidesahucios”, pero que no lo es puesto que ya Europa la ha tildado de “ilegal” dictaminando sendas sentencias en su contra.

Manifiesto. En defensa de los derechos, de la razón y de la equivalencia humana

En este manifiesto denunciamos que muchos supuestos con los que se pretenden justificar las reformas legislativas impuestas por el gobierno central son productos ideológicos que no tienen sostén teórico ni refrendo democrático. La ciencia no es neutra: tiene ideologías e intereses.

El Consejo Científico de ATTAC España, integrado por personas con amplia experiencia en sectores de la investigación, la acción social y pública o la academia, y con un fuerte compromiso por la democracia y la justicia social, denuncia la amenaza contra nuestra democracia orquestada por el Gobierno del Partido Popular que, en un abuso continuo de poder, es responsable del desmantelamiento del Estado de Derecho, de la ofensiva patriarcal contra los derechos humanos de las mujeres, de la represión policial, del terror económico que destroza la vida de familias enteras y se ceba en la infancia y sectores más vulnerables, y de la sustitución de la confianza ciudadana por el miedo y las amenazas constantes a derechos fundamentales. Un riesgo de estas características reclama una respuesta a la altura. El Consejo Científico de ATTAC está convencido de que nuestra democracia está en peligro. Es tiempo de recuperar el ánimo ciudadano que, en otro contexto histórico, logró traer un nuevo régimen de libertades.

El Gobierno inyecta este viernes a la banca más de 50.000 millones en capital

El próximo consejo de Ministros aprobará la nueva legislación sobre los activos fiscales diferidos en el que las entidades salvarán la práctica totalidad de los DTAs en sus balances. La medida permitirá a 
Bankia, Sabadell, Santander y Caixabank alcanzar el ratio de solvencia mínima en Basilea III. 


En el último mes, la banca española ha conseguido prácticamente doblar la cifra de capital que permitirá la nueva legislación sobre activos fiscales diferidos (DTAs en inglés) que ya está pactada entre 
el Gobierno y Bruselas. La reglamentación, que será aprobada este viernes por el consejo de Ministros, según confirman fuentes del sector y del PP, transformará en capital algo más de 50.000 millones de DTAs en términos brutos que atesoran los bancos españoles en sus balances, frente a los 28.300 millones previstos inicialmente. Este fuerte incremento se ha producido por dos motivos. El éxito del lobby bancario encabezado por el Santander para que computen finalmente como capital los activos fiscales contenidos en los planes de pensiones, pese a que Hacienda se negaba a esta medida, como adelantó Vozpópuli hace un mes. En segundo lugar, Bruselas ha aceptado que se puedan transformar como capital este tipo de beneficios fiscales generados por las pérdidas de 2011 y 2012. 

De esta manera, estas dos mejoras de la nueva norma, que limitará las necesidades de capital de la banca española ante las exigencias de solvencia de Basilea III fully loaded, se unirán al gran paquete de 
DTAs que ya tenía comprometido el sector con el Gobierno desde el pasado julio. Todos aquellos aquellos activos fiscales diferidos que se generan sobre provisiones cuantificadas en función de pérdidas 
futuras, como la genérica o los dos decretos Guindos. Quedan fuera de la reglamentación, una pequeña partida de DTAs, en su mayoría referidos a los fondos de comercio que se generan al realizar una operación corporativa. 

Así, el Gobierno inyectará algo más de 50.000 millones de capital en términos brutos con una medida adoptada por la mayoría de los países europeos ante la nueva legislación de solvencia de Basilea III. La 
cifra exacta de DTAs 'salvados' no se concretará hasta que bien el Gobierno, a través de un real decreto, o bien Economía, a través de una orden ministerial, transpongan a la norma española la directiva  CRD4 del reglamento de Basilea III que da luz verde a los supervisores  de cada país, en este caso el Banco de España, para realizar algún tipo de ajuste. El borrador de esta CRD4, con estos matices nacionales, ya se encuentra en los despachos de Cibeles. Se espera que, también este viernes, esta medida acompañe a la nueva norma de los DTAs. 

Bankia y Sabadell son las dos entidades más beneficiadas con el cambio. Especialmente, la entidad presidida por José Ignacio Goirrigolzarri. Su ratio de capital de máxima calidad, en el escenario 
de Basilea III fully loaded, es de apenas un 4,1%, según cálculos de diferentes analistas, frente al mínimo del 8% exigido por la futura legislación de solvencia, que no será obligatorio hasta 2019, pero que 
los mercados, sin embargo, exigirán ya a principios de 2014. No en vano, Bankia cuenta con 8.425 millones en DTAs en su balance. De convertirse todos ellos en capital, su core Tier 1 se elevaría hasta el 
10,6%. Los analistas calculan que su banda de solvencia fluctuará entre el 9,5% y ese 10,6%, una vez aprobada la nueva legislación. 

El actual core Tier 1 de Bankia, según exige Basilea III fully loaded, es de apenas un 4,1%, frente al mínimo del 8% exigido. Su solvencia, con la nueva norma, se elevará a una horquilla entre el 9,5%-10,6% 

Sabadell, por su parte, atesora 5.600 millones en activos fiscales diferidos que le permitirán mejorar su actual 6,1% de capital de máxima calidad en Basilea III fully loaded. Su solvencia, tras el nuevo 
decreto del próximo viernes, alcanzará el entorno del 10,6%. A ello, también ha ayudado su reciente ampliación de capital. 

La nueva reglamentación también concederá el aprobado en solvencia al Santander y Caixabank. Ambas entidades cuentan con un core Tier 1 del 7,8%. El banco con sede en Boadilla ha logrado salvar algo más de 9.000 millones con la redacción final de la norma de los algo más de 19.000 millones que atesora en su balance. Pese a todo, los analistas cifran en una horquilla entre el 8,3%-8,6% la solvencia del Santander. El banco, sin embargo, confía en acabar este ejercicio por encima del 9%, según ha reiterado su consejero delegado Javier Marín, en las dos últimas presentaciones de resultados. Caixabank, mientras, convertirá en capital la mayoría de sus 8.929 millones en DTAs, lo que elevará su core Tier 1 hasta el entorno del 11,5%. 

BBVA y Bankinter, las dos entidades por encima de las exigencias de Basilea III fully loaded antes de la nueva norma, apenas recibirán ventajas. Especialmente, en el caso de la entidad presidida por Pedro 
Guerrero. Su solvencia apenas variará del 12,1% actual. No en vano, Bankinter apenas atesora 153 millones en DTAs. En el caso de BBVA, la próxima reglamentación elevará en el entorno de 100 puntos básicos su actual core tier 1 del 9,7% para situarlo en el 10,7%. La entidad presidida por Francisco González cuenta con 9.255 millones en activos fiscales diferidos. 

Mientras, el Popular, otra de las entidades aprobadas, mejorará en algo más de 200 puntos básicos su presente solvencia del 8,3%. La conversión en capital de gran parte de sus 3.200 millones en DTAs le 
permitirá llegar a la exigencia de Basilea III en con un Tier 1 del 10,6%. 

Sabadell, con un CT1 del 6,1%, además de Santander y Caixabank, ambos con un 7,8%, también se beneficiarán de la medida al computarse finalmente los DTAs de los planes de pensiones y pérdidas de los dos últiimos años 

El FMI cifró el pasado viernes, en su cuarto informe sobre la banca española, en el entorno de 59.000 millones los activos fiscales diferidos que tienen las entidades nacionales sólo en el negocio español. Precisamente, la institución que preside Cristine Lagarde recela de ese exceso de los DTAs en la estructura de capital de los bancos españoles, por lo que les reclamó próximas ampliaciones de capital y limitar el pago de dividendos en efectivo durante los tres próximos años. 

"La conversión de los DTAs en capital puede ser una medida que ayude, pero no debe de ser definitiva", concluye el FMI, que apoya la transformación de estos activos fiscales en capital de máxima calidad. 
Según este organismo, la dependencia de DTAs en la estructura de capital de los bancos españoles es la mayor de toda la banca europea. 

La nueva norma no sólo permitirá transformar en capital estos activos fiscales diferidos sino también poder monetizarlos en caso de que una entidad estuviera en dificultades. El Estado le devolverá esos créditos fiscales con títulos de deuda pública. 

Además, la conversión de los DTAs en capital será determinante en el devenir de las próximas subastas de Novagalicia y Catalunya Caixa. La entidad gallega cuenta con 4.500 millones de activos fiscales diferidos. 
Su compra por parte de un banco español equivaldrá a una ampliación de capital cercana a esa cifra.

La banca contra España

Las declaraciones del señor Botín y después las de otros directivos de la banca abrieron la puerta a una campaña perfectamente organizada, orientada a disimular la situación real de sus entidades y también a facilitar la recuperación política del Partido Popular y la puesta en marcha de nuevas reformas que sigan privatizando servicios públicos y recortando derechos sociales.

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

La orquestación ha sido perfecta: afirmaciones rotundas de grandes banqueros, del gobierno o del Príncipe, conferencias al unísono en universidades y en todo tipo de foros por economistas y profesores a su servicio y el sempiterno coro de los medios de comunicación de su propiedad divulgando a los cuatro vientos la idea de que la economía española se recupera.

Lo cierto es que no hay indicadores que muestren realmente que la economía está mejorando. Una crisis es el momento en que se producen los cambios de fase y en el que se plantean con toda su crudeza los problemas que hay que resolver. En ese sentido, y estrictamente hablando, incluso se podría decir que hace meses que salimos de la crisis, pues de esta se sale en el momento en que las medidas que se ponen en marcha para hacerle frente de un modo u otro empiezan a surtir efecto, y eso ya ha sucedido en España.

Otra cosa es que esas medidas sean más o menos efectivas para resolver los auténticos problemas que causaron la crisis y, por tanto, para evitar que se produzca de nuevo en el futuro. Y, por supuesto, otro asunto es que de una crisis se puede salir no solo con brío y con reactivación productiva sino también con atonía y depresión, con una economía en la que solo los más fuertes y privilegiados están en condiciones de salvarse, que es lo que se ha procurado y se está a punto de conseguir en España.