Carlos Sánchez Mato
29 de mayo de 2013
Los balances de las entidades siguen ocultando cuantiosas pérdidas que requerirán más capital para su solución. Uno de los elementos más usados por los bancos para ocultar su verdadera situación es la profusa utilización de las refinanciaciones y las escasas provisiones constituidas para hacer frente a posibles impagos. Esta forma de actuar está siendo protagonizada sobre todo por las entidades que presumen de fortaleza y de no haber recibido ayudas públicas ya que interesadamente olvidan que son beneficiarias de las mismas cuando reciben avales a sus emisiones de deuda, préstamos del Banco Central Europeo o el aval estatal que proporciona seguridad a sus depositantes por los ahorros inferiores a 100.000 euros por titular.
Del total de préstamos reestructurados, solamente el 37% tiene la consideración para las entidades de “dudoso” y sorprendentemente, el 42% se considera en situación “normal” y no tienen por tanto provisión alguna en previsión de un posible problema de impago. Cuando un cliente no es capaz de afrontar la amortización de un préstamo y los intereses que adeuda por el mismo, la práctica que se ha seguido es darle más tiempo con la esperanza de que en el futuro pueda hacer frente a los compromisos contraídos
En el sector bancario se conoce esta práctica como “patada a seguir” o “delay and pray” (retrasar y rezar). No se discute que las entidades refinancien sino que, siguiendo un criterio de estricta prudencia, no reconozcan las oportunas provisiones por un posible quebranto.
El Memorandum de Entendimiento firmado por el Estado español para acceder al rescate con fondos europeos de nuestro sistema bancario obligaba a “reevaluar el marco actual de provisiones”. Para ello, las autoridades españolas se han comprometido a modificar el marco normativo de provisiones a exigir a las entidades financieras. En este contexto es en el que el Banco de España ha obligado a publicar información sobre las refinanciaciones y las provisiones constituidas para hacer frente a posibles impagos en este tipo de créditos. Sin embargo, la nueva circular del Banco de España no obligará a las entidades bancarias a reconocer esta realidad. Los nuevos criterios pasarán por considerar que todos los créditos refinanciados se consideren como “subestándar” y tendrán que dotar un 15% de media por esos créditos. Ahora bien, podrán mantener préstamos refinanciados como “normales” con criterios tasados. En todo caso, el sector bancario ha conseguido que el Banco de España le permita dotar esas provisiones (que siguiendo este criterio estarían cercanas a los 13 mil millones de euros) en tres ejercicios. Es decir, una vez más, el Banco de España sale en auxilio de los que debieran ser objetos de supervisión. No puede negar que conoce esta realidad denunciada por los propios inspectores del Banco de España que indican las prácticas irregulares concentradas en Santander y BBVA.
Si se utilizase un criterio más rígido y prudente para créditos que han requerido una modificación de condiciones para evitar su entrada en morosidad (60% de provisiones en dudosos, 50% en subestándar y 40% en normales), las provisiones medias deberían alcanzar el 49,46% de los créditos refinanciados y el déficit de provisiones del conjunto de las entidades llegaría a los 63.810 millones de euros (86,4% de éste déficit correspondería a entidades no nacionalizadas).
Eso es lo que ni Gobierno ni Banco de España quieren reconocer: La insolvencia del conjunto del sistema bancario español que no ha sido solucionado con las ingentes ayudas públicas proporcionadas al mismo.
Las actuaciones auspiciadas por el Gobierno y el Banco de España van dirigidas a continuar ocultando la realidad para no tener que reconocer nuevas necesidades de capital en las entidades (fundamentalmente las que no han reforzado su patrimonio neto en todo este proceso). Para ello,la estrategia pasa por dar tiempo a los bancos a que generen beneficios que les permita ir reconociendo pérdidas de manera gradual. Además el proceso se complementa con la entrega de la banca nacionalizada a estas entidades, con elevadísimas ayudas públicas para mejorar su deteriorada situación. Se contribuye de esta forma a crear un oligopolio privado con el dinero de los contribuyentes.
Pero así no se resolverá la crisis bancaria: Hasta que no se recapitalicen de manera suficiente, no recuperarán la capacidad de financiarse de manera autónoma y seguirán siendo dependientes de los recursos públicos concesionales que obtienen del Banco Central Europeo. En esa situación no podrán cumplir la función que el sistema económico les asigna y seguirán siendo incapaces de realizar la intermediación entre las necesidades de ahorro y la inversión.
Será inevitable una nueva ronda de recapitalizaciones y tengan la seguridad de que, de nuevo, será con el dinero de todos y administrado por los responsables de la quiebra, salvo que, por una vez, los ciudadanos digamos BASTA YA.
Ver informe completo
