Por Pablo Martínez.
El caso del endeudamiento de Ecuador es muy similar al de muchos otros países del sur global. En los años 60 y 70 los préstamos eran presentados como una vía real hacia desarrollo. Puesto que estos países, se les decía, contaban con una gran riqueza natural y numerosa mano de obra, tan sólo eran necesarios capitales y nuevas tecnologías para que dieran sus frutos.
Llegaron los préstamos y con ellos los "elefantes blancos", los proyectos megalomaníacos de gastos inflados, la compra de armamento... Cuando en los años ochenta estalló la crisis de la deuda en el tercer mundo, el Fondo Monetario Internacional tomó el control de la economía de estos países endeudados, imponiéndoles medidas que empobrecieron aún más a sus ciudadanos. Bajo el pretexto de aumentar la capacidad de reembolso, todo fue "reestructurado" a solicitud del FMI: la salud, la educación, la vivienda y las libertades civiles. Lejos de estimular el crecimiento, la deuda sirvió para poner más trabas a sus desarrollos.
En el año 1999, Ecuador sufrió una crisis bancaria que llevó al colapso de la mitad del sistema financiero del país. El presidente, Jamil Mahad Witt, intentó controlar la situación mediante el mismo sistema que condujo a Argentina a la quiebra: la dolarización de la moneda de su país, renunciando a su política económica el 9 de enero del año 2000.
En este contexto, el ex-ministro de economía Rafael Correa fue elegido para la presidencia del país en 2006, y poco después de tomar el poder dispuso la creación de una Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), con la intervención de otras organizaciones y movimientos sociales, y la intención de analizar la deuda pública del país. Ecuador logró librarse de un 80% del volumen de su deuda, amparándose argumentos que demostraban que una gran parte de la misma era ilegítima y en muchos casos incluso ilegal.
Para ejemplificar uno de los casos que el informe de la CAIC estudió, tenemos el de cuatro barcos que a finales de la década de los 70 el gobierno noruego vendió a Ecuador bajo la forma de un "préstamo en ayuda al desarrollo". La realidad era muy distinta: Noruega había entregado los barcos para salvar su propia industria y no para ayudar a Ecuador. Ni el órgano de cooperación noruega ni la GIEK evaluaron la viabilidad técnica y financiera del proyecto, y por si esto fuera poco, los barcos estaban en paradero desconocido, pero la deuda seguía pagándose. El mismo gobierno noruego reconoció el 2 de Octubre de 2006 su corresponsabilidad y anuló esta deuda ilegítima.
Otro de los casos, especialmente indignante por las consecuencias para su población, es el proyecto de mejora del sistema de agua potable para la ciudad de Guayaquil. El acceso al agua potable ha sido siempre un problema endémico sobre todo en las zonas más marginales de la ciudad, y hay un gran historial de créditos otorgados con este fin. El proyecto de 1992 de mejora del sistema de agua potable financiado por el Estado Español constó de dos créditos por un total de 69 millones de dólares, del que el 73,5% estaban ligados a la compra de bienes y servicios españoles. De manera paralela a su ejecución se inició un proceso que derivaría en la privatización del sistema de gestión del agua potable de la ciudad. El Estado asumió el pago del proyecto, pero la privatización del servicio se hizo realidad en 2001 con la concesión de la gestión del agua a Interaguas, filial de International Water Services. Interaguas no pagó ningún canon por el uso de las infraestructuras y desde el inicio de la gestión hubo numerosas denuncias por la mala calidad del servicio, entre ellas una relacionada con un brote de hepatitis que la ciudad padeció en 2005 a causa de la mala calidad del agua. Finalmente, hay que enmarcar este proyecto en proceso más amplio de privatizaciones de la gestión del agua liderados por el Banco Mundial, que se producen en la mayor parte de los países empobrecidos.
Hay multitud de otros casos como éste, en los que bajo la apariencia de “créditos de ayuda al desarrollo”, se actuó en pro de los intereses de las grandes corporaciones internacionales: la compra de aviones y lanchas militares con créditos privados garantizados públicamente, el plan maestro del agua potable para el municipio de Loja o la presa de La Esperanza son otros ejemplos de este uso de dinero público para fines privados. Créditos que han ahondado en la situación de empobrecimiento de sus poblaciones, en un contexto en el que el 40% de los ecuatorianos vive con menos de dos dólares al día, y el 20% más rico de su población acapara el 58% de los ingresos.
El pago del servicio de deuda supuso de media el 22% del presupuesto del país entre 1976 y 2006, llegando a máximos del 37% en 1995 o del 33’3% en 2001. La constitución ecuatoriana preveía un 30% de los ingresos corrientes del presupuesto para educación y erradicación del analfabetismo, pero este porcentaje no se cumplía desde 1980, llegando tan sólo al 10%. También el gasto en salud se mantenía por debajo del resto de los países de América Latina, en torno al 5% del presupuesto.
La auditoría de Ecuador ha sido muy interesante desde varios puntos de vista. Principalmente, por haber sido hasta ahora el único caso que realmente ha servido para tomar la decisión de repudiar gran parte de la deuda pública de un país. El método que se empleó fue interesante; tras acabar el proceso de auditoría, Ecuador anunció que no iba a pagar ni un dólar de su deuda. Por consiguiente, los países acreedores, asustados ante esa perspectiva, bajaron el precio de la deuda de Ecuador en su poder, y el país pudo recomprarla a un 20% de su valor.
Hay que dejar claro que la decisión tomada en Ecuador, siendo por lo general más valiente que las que se adoptan a este lado del charco, dista de ser la mejor posible. Recomprar al 20% de su valor una deuda que ya ha sido declarada ilegítima e incluso ilegal en vez de repudiarla en su totalidad, nos muestra cómo sigue existiendo en el presidente Rafael Correa el interés de no enemistarse demasiado con los grandes poderes económicos transnacionales, lo cual revela un interés más cercano al reformismo del “capitalismo de rostro humano” que a un verdadero espíritu revolucionario.
La ironía de todo el asunto es que, gracias a rebelarse a la doctrina de los "planes de reestructuración" impuestos por el FMI y el Banco Mundial, Ecuador logró mejorar su situación económica e incluso su "rating" de cara a los mercados internacionales. Pero por encima de todo, Ecuador es la demostración de que un país pequeño puede tomar una decisión soberana valiente y llevarla a buen término.
Pablo Martínez es miembro de En lucha y de la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda.
